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Existe tensa alerta en los altos círculos políticos de la 4T Morena, por las tenebrosas acusaciones de narcoterrorismo de Estados Unidos contra el narcodictador venezolano Nicolás Maduro y su séquito NarcoChavista.

Se teme que las implicaciones de la persecución al Chavismo puedan repercutir en Mexico, donde el gobierno socialista de Andres Manuel Lopez lleva una estrecha relación con el cartel de dictadores comunistas cubanos, venezolanos y bolivianos como Evo Morales.

El fiscal de Estados Unidos William Barr anunció este jueves cargos criminales por narcotráfico contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, falange del comunismo cubano y cercano socio de Manuel Lopez.

Lopez es socio de Evo Morales, el Jefe del Cartel de la Cocaina a quien concedió asilo en Mexico y luego tuvo que expulsarlo por presión de Estados Unidos.

EL presidente mexicano es sospechoso aliado del crimen organizado en Mexico, por su insistencia de no perseguir criminales y narcos y liberar al capo Ovidio Guzman, hijo del Chapo, quien con ello evitó su extradición a Estados Unidos..

En Venezuela existen también avanzadas investigaciones del Congreso contra Maduro sobre el financiamiento millonario a Morena para la campaña de Manuel Lopez en Mexico.

La recompensa propuesta por Estados Unidos contra Maduro y su gabinete de narcos supone profundizar la presión para forzar su salida del poder como gobernante “ilegítimo” y “dictador” y líder de un cartel de drogas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El ministro de Industria Tareck Zaidan El Aissami también fue acusado de evadir las sanciones impuestas en febrero de 2017 y de violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Maduro de haber recibido US$5 millones de las FARC en 2006 cuando era canciller en el gobierno de Hugo Chávez.

Además de Maduro, otros altos dirigentes acusados por corrupción, narcotráfico o lavado de dinero son Diosdado Cabello, alto cargo en el partido gobernante; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Vladimir Padrino, ministro de Defensa.

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