Saqueador del Ayuntamiento
Policias activos y jubilados denuncian desvío de presupuesto para campañas anticipadas de Bonilla, despidos masivos a personal con 10 años de servicio y cancelación de prestaciones
CHIHUAHUA.- El alcalde Marco Bonilla enfrenta irritación de miles de empleados municipales por el cese masivo y recorte de prestaciones.
Inconformes freclaman que el dinero se ha desviado a la campaña anticipada de Bonilla para Gobernador a costa de miles de empleados municipales.
COMUNICADO OFICIAL
Al señor alcalde, a la opinión pública, a las autoridades competentes y a los organismos defensores de derechos humanos:
Los abajo firmantes, elementos activos, jubilados, pensionados, incapacitados y personal administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, manifestamos nuestra profunda indignación y rechazo ante las múltiples injusticias que se están cometiendo contra nuestros compañeros y contra nosotros mismos, bajo la administración actual.
Desde hace meses, se están realizando despidos masivos e irregulares, con el pretexto de que muchos elementos “no acreditaron los exámenes de confianza” desde el año 2010 hasta 2025. Cabe señalar que, si supuestamente no éramos aptos, resulta inaceptable que se nos haya permitido trabajar durante más de una década y, ahora, se utilice este argumento para deshacerse de nosotros.
Además, denunciamos públicamente la violación de derechos humanos y laborales de elementos incapacitados, quienes están siendo dados de baja aun contando con incapacidad activa, y a quienes se les está negando el acceso a pensiones por invalidez total y permanente, a pesar de que sus lesiones se originaron en cumplimiento del deber, muchas veces en situaciones de alto riesgo.
Todo esto se está haciendo con el único fin de reducir presupuesto y evitar el pago de riesgos de trabajo, en una práctica inhumana que desampara a quienes han entregado su salud y su vida por proteger a la ciudadanía.
Denunciamos también la remoción del doctor Eduardo Esparza Chávez, y la posterior designación de la doctora Maricela Alejandra Cardona Domínguez, quien, por instrucciones directas, ha asumido un papel de desprecio y humillación hacia los elementos incapacitados. Esta doctora se presenta como autoridad médica y legal, imponiendo altas médicas sin revisión alguna, sin importar si los elementos se encuentran en silla de ruedas, con bastón, muletas, fracturas, dolores incapacitantes o incluso con pérdida de extremidades, todo ello producto de enfrentamientos armados.
Nos resulta sumamente preocupante que el propio ingeniero René Loya, funcionario de Pensiones, haya declarado que “no hay presupuesto” porque éste fue utilizado en campañas de reelección y que ahora se reserva para campañas futuras a la gubernatura. Esto es una burla inadmisible.
Por todo lo anterior, informamos que:
• Se interpondrán demandas colectivas y quejas formales ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos.
• Se solicitará una revisión detallada de todos los casos dados de alta por Medicina del Trabajo bajo la supervisión de la doctora Cardona Domínguez.
• Se exigirán indemnizaciones justas, pensiones por incapacidad e invalidez, y reparación del daño en todos los casos donde se comprueben violaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Servicio Civil y la legislación en materia de seguridad social.
Nos encontramos organizados, unidos y decididos: policías activos, jubilados, incapacitados, pensionados y personal administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. No descansaremos hasta que se nos haga justicia y se respeten los derechos que nos corresponden por ley y por dignidad.
Al señor alcalde, a la opinión pública, a las autoridades competentes y a los organismos defensores de derechos humanos:
Los abajo firmantes, elementos activos, jubilados, pensionados, incapacitados y personal administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, manifestamos nuestra profunda indignación y rechazo ante las múltiples injusticias que se están cometiendo contra nuestros compañeros y contra nosotros mismos, bajo la administración actual.
Desde hace meses, se están realizando despidos masivos e irregulares, con el pretexto de que muchos elementos “no acreditaron los exámenes de confianza” desde el año 2010 hasta 2025. Cabe señalar que, si supuestamente no éramos aptos, resulta inaceptable que se nos haya permitido trabajar durante más de una década y, ahora, se utilice este argumento para deshacerse de nosotros.
Además, denunciamos públicamente la violación de derechos humanos y laborales de elementos incapacitados, quienes están siendo dados de baja aun contando con incapacidad activa, y a quienes se les está negando el acceso a pensiones por invalidez total y permanente, a pesar de que sus lesiones se originaron en cumplimiento del deber, muchas veces en situaciones de alto riesgo.
Todo esto se está haciendo con el único fin de reducir presupuesto y evitar el pago de riesgos de trabajo, en una práctica inhumana que desampara a quienes han entregado su salud y su vida por proteger a la ciudadanía.
Denunciamos también la remoción del doctor Eduardo Esparza Chávez, y la posterior designación de la doctora Maricela Alejandra Cardona Domínguez, quien, por instrucciones directas, ha asumido un papel de desprecio y humillación hacia los elementos incapacitados. Esta doctora se presenta como autoridad médica y legal, imponiendo altas médicas sin revisión alguna, sin importar si los elementos se encuentran en silla de ruedas, con bastón, muletas, fracturas, dolores incapacitantes o incluso con pérdida de extremidades, todo ello producto de enfrentamientos armados.
Nos resulta sumamente preocupante que el propio ingeniero René Loya, funcionario de Pensiones, haya declarado que “no hay presupuesto” porque éste fue utilizado en campañas de reelección y que ahora se reserva para campañas futuras a la gubernatura. Esto es una burla inadmisible.
Por todo lo anterior, informamos que:
• Se interpondrán demandas colectivas y quejas formales ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos.
• Se solicitará una revisión detallada de todos los casos dados de alta por Medicina del Trabajo bajo la supervisión de la doctora Cardona Domínguez.
• Se exigirán indemnizaciones justas, pensiones por incapacidad e invalidez, y reparación del daño en todos los casos donde se comprueben violaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Servicio Civil y la legislación en materia de seguridad social.
Nos encontramos organizados, unidos y decididos: policías activos, jubilados, incapacitados, pensionados y personal administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. No descansaremos hasta que se nos haga justicia y se respeten los derechos que nos corresponden por ley y por dignidad.
