EN CHIHUAHUA URGEN MAS CERESOS
Libertad Digital.com- La macrooperación lanzada por el juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción ha supuesto el arresto de 51 personas, entre las que están Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, el presidente de la Diputación de León, el también popular Marcos Martinez, sucesor de Isabel Carrasco asesinada el pasado mes de mayo y seis alcaldes madrileños.
- Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid.
- Marcos Martínez, presidente de la Diputación de León.
- José Carlos Boza Lechuga, alcalde de Valdemoro (PP).
- José María Fraile, primer edil de Parla (PSOE).
- Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba (PP)
- Gonzalo Cubas Navarro, de Torrejón de Velasco (PP)
- David Rodríguez, de Casarrubuelos, (PP) y
- Antonio Sánchez Fernández, de Serranillos del Valle (Unión Demócrata Madrileña).
- Jesús Norberto Galindo, secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
- José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena.
- Javier Hernández, concejal de Hacienda de Valdemoro.
- Avelino Pérez, cargo de confianza de la Concejalía de Obras Públicas, Sostenibilidad y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de Parla: fue nombrado por IU, pero cuando su partido rompió el pacto de gobierno con el PSOE, en 2011, Pérez se mantuvo en su puesto.
- Mariola Martínez, directora del Instituto de Turismo de Murcia, que fue puesta en libertad hora después.
- José Fidel Saura, exconcejal de Cartagena y actual jefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo de Murcia. Igualmente, fue puesto en libertad horas después de su arresto.
Entre los empresarios arrestados figura David Marjaliza, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Él, junto al también empresario Alejandro de Pedro Llorc, era el considerado como “conseguidor” en la trama, que cobraba comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios. Horas más tarde era detenido también el socio de este último.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro altos cargos de la empresa energética Cofely uno de los centros de la trama de corrupción, al entender que a través de esta sociedad los ayuntamientos implicados contrataban servicios a cambio de adjudicaciones.
Según el comunicado difundido por la Fiscalía Anticorrupción, solo en los dos últimos años esta trama de corrupción municipal y regional, que operaba principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia, se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros.
La trama, lograba contratos públicos en “connivencia” de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.
Además de los 51 detenidos, en la Operacion Punica se han llevado a cabo 259 registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
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