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CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) anunció esta tarde que los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, fueron asesinados por un grupo de narcotraficantes que los confundió con una banda rival.

“Evidencias permiten determinar que los normalistas fueron privados de la libertad, de la vida, incinerados y arrojados al río, en ese orden”, dijo el procurador Jesús Murillo Karam, en conferencia de prensa.

Felipe “el Cepillo” Rodríguez, miembro del cartel Guerreros Unidos detenido hace unos días, organizó la ejecución de los 43 jóvenes por instrucciones de un líder de la organización, concluyó Murillo Karam.

“Los estudiantes fueron señalados por los delincuentes como integrantes del grupo antagónico de la región”, dijo por su parte el director de la agencia de investigación de la PGR, Tomás Zerón, explicando que la masacre tuvo que ver con la defensa del territorio por parte de Guerreros Unidos.

Familiares rechazaron versión oficial

Los padres de los normalistas siguen creyendo que los estudiantes aún están vivos y que el Ejército podría tenerlos secuestrados.

Los familiares han dicho que solamente reconocerán que están muertos si les entregan sus cuerpos, algo que según la PGR no es posible por el grado de calcinación de los restos y porque gran parte de ellos fue arrojada al río.

Algunos restos recuperados fueron enviados en diciembre a la Universidad de Innsbruck, en Austria, pero sólo se logró identificar al estudiante Alexander Mora. Actualmente siguen trabajando con nuevas técnicas.

Los estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos, pertenecían a una escuela rural de magisterio del estado sureño de Guerrero. Habían salido la tarde del 26 de septiembre hacia la ciudad de Iguala a recolectar fondos para participar en una protesta en la capital del país, según la PGR.

Al llegar a Iguala y tras haber tomado autobuses, fueron detenidos por policías que los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos por órdenes del alcalde José Luis Abarca, quien se encuentra detenido desde octubre pasado junto con su esposa, acusado del delito de desaparición forzada.

El caso marcó el peor momento del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y dejó en evidencia el grado de corrupción existente entre autoridades locales vinculadas a la delincuencia organizada.

 

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