Protestas y Propuestas

Juan Carlos Loera de la Rosa

La contundencia y diversidad en las acciones de protesta ciudadanas y de organizaciones campesinas en el estado contra el “gasolinazo”, a pesar de que algunas han ocasionado contratiempos e inconvenientes para el desarrollo de las actividades cotidianas de los chihuahuenses, en todos los lugares donde se han realizado movilizaciones, los ciudadanos en tránsito han sido solidarios y comprensivos con los manifestantes, muchos de ellos han ido más allá y se han sumado a las protestas.

Para la amplia mayoría, el golpe dado a la economía de las familias por parte del gobierno federal es ofensivo e indignante; con el objetivo de superar el déficit en los ingresos, debido a la reforma energética, el gobierno condena a los mexicanos a compensarlo con cargas impositivas excesivas. El resultado de dicha reforma es lógico, dejar fuera del gran negocio de los energéticos a PEMEX tuvo como consecuencia que el quebranto de la paraestatal afectara al gobierno.

Debilitar a PEMEX no es cosa nueva, ha sido parte de una política energética irresponsable con la clara intención de beneficiar a unas cuantas empresas petroleras trasnacionales, en las cuales ex funcionarios gubernamentales de alto nivel (con acceso a información privilegiada),  fungen ahora como socios o consejeros, tal es el caso de Jesús Reyes Heroles, Pedro Aspe, Georgina Kessel, Emilio Lozoya Austin, Carlos Ruíz Sacristán  y varios más que se han aliado para que en México no se le dé valor agregado al petróleo mediante su refinación para la producción de gasolinas; en 40 años no se ha construido una sola refinería en nuestro país y las existentes funcionan al 40% de su capacidad debido a la deliberada falta de inversión y mantenimiento, y así hacernos dependientes de la importación de gasolina.

Las consignas contra Peña Nieto han sido la constante en las protestas, también se ha aludido con frecuencia a  diputados y senadores aliados en el Pacto por México; entre ellos, Gustavo Madero Jefe del gabinete estatal y el también funcionario “corralista” Carlos Angulo quien como miembro de la comisión de energía en la anterior legislatura defendió a ultranza la reforma sin vacilar en promocionar las supuestas bondades de la privatización petrolera.

La inconformidad manifiesta en las calles no es tan solo una acción catártica, han surgido propuestas de solución, como la presentada por el líder Barzonista  Heraclio Rodríguez, que plantea inversiones conjuntas con el gobierno estatal en programas concretos como la consolidación de compras y preparación de tierras para reducir los costos en la agricultura y ganadería para equilibrar los desmedidos incrementos en el diésel, materia prima indispensable para los agricultores.

En Juárez, las protestas pacíficas, que han ocasionado mínimas alteraciones en la cotidianidad urbana han sido ampliamente respaldadas por los fronterizos, en medio de ellas se exigió un aumento salarial de emergencia para la clase trabajadora que pueda mitigar la inminente escalonada inflacionaria; el Presidente Municipal Armando Cabada ha propuesto a la Secretaría de Gobernación respetar la homologación de precios en combustibles con los ofertados en El Paso Texas para beneficiar nuestra economía.  MORENA y algunos abogados independientes han promovido juicios de amparo colectivo, aduciendo que la Ley de Ingresos 2017 donde se contempla el “gasolinazo” vinculada con la Ley de Hidrocarburos, violenta varios artículos de nuestra Constitución. En el ámbito nacional, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena propuso abrir un período extraordinario en la Cámara de Diputados para debatir una reforma a la Ley de Ingresos, sin embargo no se logró por la oposición de los diputados del PRI y la premeditada ausencia del PAN, por cierto, la referida Ley al momento de su aprobación contó con la anuencia del grupo parlamentario de Acción Nacional, que ahora hipócrita y timoratamente proponen una reducción en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Dicho impuesto, en definición es tasado para mercancía suntuaria o peligrosa y es ahí donde se comete otro agravio ya que legalmente debería considerarse un bien estratégico y hasta de primera necesidad, y no como errónea y vorazmente se hace.

La apuesta del sistema para neutralizar la indignación ciudadana es la utilizada en otros oprobios colectivos como Ayotzinapa, Nochixtlan, la compra del voto y el despojo del petróleo con daños colaterales: infiltrar la protesta con porros a su servicio para denostarla, dejar que se enfríe el enojo, tender cortinas de humo o incluso “negociar” con los disidentes, simulando un cambio para que todo siga igual.

La protesta no basta, pero sirve mucho porque concientiza al pueblo que coincide notablemente en que la mejor opción es cambiar al régimen, promotor del actual modelo gubernamental y causante de esta catástrofe económica; por la única vía consecuente: la pacífica y electoral si se respeta la voluntad ciudadana y la verdadera democracia.

 

 

 

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