El Estado Sin Brújula

En octubre de 2016, pocos días después de la toma de posesión de Javier Corral como gobernador, en la comunidad de El Largo Maderal municipio de Madera, Chihuahua se desató un feroz enfrentamiento armado que tuvo como consecuencia la muerte de más de diez personas, entre ellos, algunos elementos de la policía municipal cuyas patrullas fueron robadas y calcinadas. En ese lamentable suceso, las fuerzas de seguridad del orden estatal y federal arribaron al lugar de los hechos 18 horas después, a pesar del urgente y desesperado llamado de auxilio, la grave omisión criminal nunca fue investigada mucho menos aclarada. Al parecer, las autoridades no entienden que todo ataque contra las fuerzas del orden público, es un ataque contra el Estado mismo.

Esas dieciocho horas de omisión ya se han prolongado por nueve largos meses, y el Estado no ha encontrado la brújula para cumplir con su principal obligación: proveer de seguridad a sus gobernados. La respuesta siempre es la misma: “son enfrentamientos entre miembros de la delincuencia organizada”, “La Línea y el cártel de Sinaloa se disputan la plaza” o como la ha venido informando el presidente municipal Armando Cabada “conflictos entre un grupo criminal, son la causa de la violencia”.

Los enfrentamientos en Rubio, las fosas clandestinas del Largo Maderal, el ataque contra la estación de policía en Villa Ahumada, las ejecuciones que a diario se dan en Ciudad Juárez y en Chihuahua, además de la matanza en Las Varas, Madera, reflejan que ni el gobierno del estado y mucho menos la federación han puesto cartas en el asunto, su estrategia es igual de irresponsable que el análisis y las justificaciones de la ola delictiva; dejan que los presuntos delincuentes se aniquilen entre ellos, tal como sucedió en Juárez en años recientes; sin importar que el resultado sea la ingobernabilidad que genera y socava todos los derechos de la población.

Ya lo dijeron los comerciantes hoteleros de Madera, “tardaremos años en recuperarnos”, pero no solamente ellos, las escuelas se han cerrado, los profesionales de la salud han tenido que ser evacuados, se recomienda a los viajeros no circular de noche y a los pobladores a resguardarse en sus viviendas y salir únicamente para lo absolutamente necesario, es decir; de facto, un toque de queda.

¿Y qué hace la federación?, la Procuraduría General de la República (PGR), según su sitio de internet es el órgano del poder Ejecutivo Federal que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal. ¿En verdad, hacen eso? ¿Y qué han arrojado las investigaciones luego de casi un año de ocurridos los hechos de El Largo Maderal? Evidentemente nunca las hubo, puesto que la zona se ha convertido en un permanente campo de batalla donde las células criminales actúan con tal descaro, que hasta avionetas usan para trasladar de un estado a otro a sus escuadrones, tal y como se ha documentado en notas periodísticas luego de que los heridos en el enfrentamiento fueron trasladados en dichas aeronaves. ¡AH! Pero no se le ocurra a usted transitar en un automóvil no importado legalmente porque hasta a la cárcel va a parar, acusado de contrabando. La omisión para resolver casos tan graves, es sinónimo de complicidad. La PGR no debe ser una simple oficina donde los investigadores se encuentran protegidos, procesando a los detenidos por la policía municipal y/o estatal.

Su obligación es hacer auténticas tareas de investigación, llegar incluso a infiltrarse en las células criminales desde abajo, pero sucede lo contrario (“el mundo al revés”), los delincuentes son quienes se infiltran en los cuerpos policiacos, esto no es privativo de Chihuahua –aunque ciertamente, estamos en grave crisis-, esto sucede en todo el país y los ciudadanos no vemos la luz al final del túnel.

Estado y federación deben coordinarse con premura para atender la crítica y grave situación, no solamente mitigar el caos con soluciones inmediatas y no de fondo, el noroeste del estado requiere especial cuidado. La verdadera solución para cortar de tajo este flagelo es terminar con la exclusión social que ha provocado desde el deterioro de las actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, hasta el desplazamiento de comunidades enteras.

Rescatar el orden social, familiar y laboral en las zonas rurales, no es imposible, estas comunidades agraciadas por las bondades de la naturaleza, poseen también un enorme caudal de valores humanos, pero el abandono ocasionado por erróneas e ineficientes políticas, escasas obras de infraestructura, estancamiento del empleo y pocas oportunidades para el estudio han provocado condiciones idóneas para la mala hierba.

La inseguridad se combatirá y cortará de tajo en la medida que el gobierno intervenga generando una estrategia real de crecimiento económico, que las actividades licitas sean negocio y que exista un verdadero estado de bienestar donde se garantice el estudio y trabajo para todos.

Entonces podremos hablar de justicia para estas comunidades

Juan Carlos Loera de la Rosa

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